La cita tuvo lugar en la sede de la Oficina del Comisario de la Expo 92, se trataba de un convenio marco de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Sociedad Estatal para la Exposición Universal y el Ayuntamiento de Sevilla, por el cual se delimitaron las funciones de cada organismo y se acordaron la colaboración de todos ellos para el desarrollo conjunto y coordinado de las actividades preparatorias de la Expo de Sevilla.
El consejero de Política Territorial, Jaime Montaner, en representación de la Junta de Andalucía; el presidente de la Sociedad Estatal para la Exposición Universal de 1992, Emilio Cassinello, y el alcalde de Sevilla, Manuel del Valle, estamparon aquel día su firma en un convenio marco destinado a coordinar las actividades preparatorias de la Expo de Sevilla.
El convenio delimitaba las competencias de las tres instituciones firmantes. Así la Junta le correspondería las competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo, arquitectura, vivienda e infraestructura y, especialmente, las derivadas de su condición de administradora de los terrenos de la Isla de la Cartuja.
La Sociedad Estatal para la Expo 92, como entidad organizadora, estuvo bajo la autoridad y control del Comisario, y entre otras competencias tuvo las de solicitar ayuda financiera, organizar el desarrollo de la Exposición, asegurar la terminación de la urbanización de los terrenos de la sede y las edificaciones necesarias, establecer los alquileres, cuotas de entradas, tarifas de concesiones, concertar los contratos con los participantes, establecer los reglamentos y responsabilizarse de la gestión de la Expo.
Por último, al Ayuntamiento de Sevilla le competía todo lo relacionado con la legislación urbanística y el planeamiento de la misma.
